Justificadores

Existe una corriente de autores que aprueba el intervencionismo imperialista con argumentos legalistas. Resalta especialmente la necesidad de auxiliar a los pequeños países, recurriendo a nuevas normas del derecho internacional. Afirman que el salto registrado en la interconexión mundial torna obsoletos los viejos principios de soberanía nacional. Interpretan que la legitimidad de cada guerra se asienta actualmente en criterios universales de justicia y ya no en violaciones fronterizas. Esta fundamentación fue muy utilizada para validar el ingreso de tropas extranjeras en los Balcanes y el Golfo, con el visto bueno de la ONU.

Estos planteos destacan que el avance de la mundialización anuló (o por lo menos restringió), el viejo derecho de cada estado a gobernar un territorio delimitado. Consideran que en la actualidad rige una internacionalización de todas las decisiones políticas y militares de envergadura. Proponen alcanzar un nuevo consenso para administrar el planeta, mediante acuerdos negociados en los organismos globales. (8)

Pero nunca se explica por qué razón estos principios son aplicados en forma tan desigual. Las grandes potencias ejercen un descarado monopolio, a la hora de resolver como se instrumentan los criterios de extinción de la soberanía. Recurren al socorro de los más débiles, mediante un ejercicio discrecional de la justicia por parte del más fuerte.

Algunos autores afirman que ciertas acciones militares son indispensables, para consolidar el desarrollo de una sociedad civil progresivamente mundial. Estiman que esas incursiones extienden el radio de la modernidad y forjan -en el ámbito de las Naciones Unidas- los nuevos espacios de la democracia post-nacional. Sostienen que el sistema económico se ha globalizado, pero carece aún de correlato político equivalente. Consideran que el declive del estado-nación justifica la internacionalización de las decisiones militares, en la medida que promueve las ventajas del universalismo frente los resabios del particularismo. (9)

Pero estas caracterizaciones identifican la globalización con una era de paz, que sólo existen en la imaginación de los justificadores. Omiten la estrecha relación de este período con el agravamiento de las desigualdades sociales y nacionales y con el creciente despojo de las poblaciones más desfavorecidas..

Esta dramática realidad es encubierta con elogios a una ciudadanía cosmopolita, que adoptaría posturas progresistas junto a la construcción de una nueva “sociedad civil global”. Pero nunca se define con nitidez, quiénes son los integrantes de este último conglomerado. A diferencia de su contraparte nacional, esa entidad no puede aglutinar a los actores políticos diferenciados del estado, puesto que no existe un órgano de este tipo a nivel global. Esta ausencia de referente estatal torna muy difusas todas las nociones referidas a la opinión pública mundial.

Pero el principal inconveniente del concepto “sociedad civil global” es su total omisión de la naturaleza clasista de la sociedad. En cualquiera de sus dimensiones geográficas, esa entidad constituye bajo el capitalismo, un ámbito de dominación de los explotadores. El control político, militar, institucional que las clases opresoras ejercen a través del estado, prolonga la supremacía que detentan en la sociedad. El uso del aditivo “civil” simplemente oscurece este hecho.

La presentación de las intervenciones imperiales como ejemplos de “primacía del derecho internacional” tiene numerosos abogados. Algunos elogian las tesis kantianas que reivindican la supremacía de la ley en las relaciones interestatales, contra las visiones hobbesiana que avalan el imperio de la fuerza.
Estos enfoques realzan la utilidad del derecho internacional para regular el uso policial de la fuerza, a medida que se perfecciona una Constitución de alcance planetario. Esta norma permitiría asegurar la paz y erradicar el suicidio colectivo de la guerra, que perpetúa la continuidad de las rivalidades fronterizas. Con este razonamiento se justifica la sustitución del principio de no intervención por criterios de acción humanitaria administrados por la ONU. (10)

Pero cualquier balance de esas intervenciones refuta el universalismo abstracto de esa teoría. El orden internacional está regido por reglas que fijan las potencias imperialistas. Estas normas son despóticas y encubren con disfraces jurídicos la estructura totalitaria vigente. Los dominadores manejan la violencia en función de los intereses de las clases capitalistas, mientras sus voceros propagan convocatorias al altruismo y a la primacía de la moral.

El carácter manifiestamente fantasioso de estos razonamientos limita frecuentemente el alcance de las propuestas basadas en el derecho internacional. Ciertos analistas estiman, por ejemplo, que el ideal pacifista constituye tan sólo un objetivo de largo plazo. Consideran que esa meta forma parte de un proceso imperfecto de globalización, cuya maduración exigirá la democratización previa de los organismos internacionales. Este avance implicaría, a su vez, el otorgamiento de mayores poderes a la asamblea general de la ONU, en desmedro de las atribuciones de veto que monopoliza el Consejo de Seguridad. Para implementar las decisiones de esa renovada institución, entienden necesario conformar una fuerza militar independiente. (11)

Este enfoque considera que el humanismo militar tendrá legitimidad, cuando la asamblea de la ONU alumbre un real parlamento de ciudadanos. También pondera los pasos intermedios que ya se han consumado en materia jurídica, para lograr esa meta (como las Cortes Internacionales de Justicia). Estima que en forma paulatina la democracia planetaria global comenzaría a despuntar, dejando atrás las desigualdades que imperan en el planeta. (12)
Pero es evidente que las instituciones globales solo han servido hasta ahora para ratificar el poderío imperial y la hegemonía militar de Estados Unidos. El orden vigente se perfecciona en la actualidad, mediante las tratativas secretas que desenvuelven las potencias en los ámbitos muy restringidos. No existe el menor indicio de un cambio de ese status opresivo. Es una ingenuidad suponer que esos principios -dictados por la capacidad económica, política y bélica de cada contendiente- serán sustituidos por criterios de respeto y consideración.

La democratización de los organismos internacionales es un objetivo inalcanzable bajo el capitalismo actual. Las instituciones de este sistema reflejan las desigualdades nacionales y sociales imperantes. Hay una dictadura del Consejo de Seguridad para viabilizar el poder asociado que ejercen las potencias gobernantes del planeta. Los cambios que se registran en los organismos mundiales preservan estos pilares.

Ciertamente pueden consumarse algunos pasos hacia la democratización de las Naciones Unidas, partiendo del foro que ofrece esa institución. Pero esas modificaciones serán efímeras, si no se remueve el poder imperialista que controla las decisiones de ese organismo.

VIERNES 1 DE JULIO DE 2011

 (especial para ARGENPRESS.info)